Mineros queman Corte Electoral y se enfrentan a gobierno boliviano

Decenas de trabajadores mineros quemaron este viernes en la ciudad boliviana de Potosí (sur) las oficinas de la Corte Departamental Electoral y destrozaron parcialmente las de la Prefectura e Impuestos, causando un nuevo foco de conflicto para el presidente Evo Morales.
Por los cuatro pisos de la Corte Electoral de Potosí, a 570 km al sur de la capital, salía fuego y humo, según imágenes difundidas por la red privada de televisión PAT, después de que grupos de mineros privados, agrupados en cooperativas, ingresaran a esas oficinas por la fuerza.
Los incidentes comenzaron a primera hora de este viernes cuando grupos de trabajadores mineros privados, agrupados en cooperativas, hicieron explotar fulminantes de dinamita en la plaza de Armas de la ciudad, donde tiene sus oficinas el prefecto, máxima autoridad del departamento.
Los trabajadores protestan en oposición a un impuesto al valor agregado que, según el gobierno, sólo afecta a las exportaciones mineras y no a los productores.
La violencia de los manifestantes se dirigió primero hacia la Prefectura, dirigida por Mario Virreira, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Luego se orientaron hacia la oficina estatal de Impuestos Nacionales, a la que acusan de deficientes procedimientos para la aplicación de alícuotas mineras y terminaron en la Corte Electoral, donde se produjeron los más graves incidentes.
Reportes parciales de televisoras mencionan que durante los acontecimientos no se registraron daños personales, mientras la policía se mantuvo inactiva para evitar enfrentamientos con los manifestantes.
“Esperamos que el gobierno atienda nuestras demandas, la actividad minera es la principal actividad del departamento de Potosí y si hay más impuestos va a significar la muerte del sector que genera miles de empleos”, dijo el dirigente de los cooperativistas, Antonio Parrado.
Las negociaciones realizadas esta semana terminaron el jueves en una abrupta ruptura por la falta de entendimiento, en medio de un corte de rutas desde el lunes que ha aislado a la ciudad con los poblados vecinos de Sucre (sureste) y Oruro (sur) y han devenido en una carestía parcial de alimentos.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, quien comandó las negociaciones, dijo que las exigencias del sector “no serán atendidas”, porque de hacerlo se vulneraría el principio de universalidad en el pago de impuestos y dijo que la violencia callejera debe ser atendida por el Ministerio de Gobierno (Interior).
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, explicó por su lado que la prioridad del poder Ejecutivo es buscar una solución “por medio del diálogo” y evitó comentar sobre los desmanes que amainaron a las pocas horas de los primeros incidentes.
El gobierno izquierdista ya sufre las presiones de cuatro departamentos que impulsan la formación de gobiernos autónomos de corte liberal, donde el presidente ha sido hostigado y no ha podido efectuar actividades oficiales.

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